La corrección política

La corrección política

Los términos “corrección política” y “políticamente correcto” fueron acuñados a principios del siglo XX por socialistas y comunistas para definir su posicionamiento con la línea ideológica ortodoxa del partido, aislando como no políticamente correctos a los disidentes y críticos con el sistema. En los años 70s se utilizaron estos términos para definir el lenguaje, las actitudes y normas sociales de comportamiento, orientados a no ofender a minorías o grupos particulares que se consideraba estaban en desventaja en la sociedad por razón de su sexo, raza u orientación sexual.

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Durante las últimas décadas se han impuesto ciertas actitudes sobre multitud de temas sociales que han sido aceptados por los progresistas como ajustados a la corrección política. Pero, ¿quién determina lo que es políticamente correcto?. La corrección política es difundida por los medios de comunicación de masas, mayoritariamente dominados por el progresismo, sobre ideas gestadas en movimientos sociales, como por ejemplo fueron la lucha por los derechos civiles de los negros americanos, el derecho al voto femenino, o los derechos de los homosexuales. Las reivindicaciones de estos movimientos sociales son asumidas por la comunidad universitaria y los círculos culturales, que los dotan de contenido ideológico. La lucha reivindicativa, que inicialmente es justa, pasa a desvirtuarse cuando, una vez conseguido el objetivo inicial, se desorbita en sus pretensiones, manipulada por los partidos políticos populistas. Son estos grupos políticos los que, con planteamientos puramente demagógicos, pretenden atraer a estos movimientos como votantes, impulsando a su vez unas reivindicaciones desmedidas que exceden lo que es de justicia, ya que entran en conflicto con los intereses equitativos de otros grupos sociales. Ejemplo de esta práctica se puede encontrar en el movimiento feminista que pretende una discriminación positiva en muchos aspectos que entra en conflicto con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y lo que es más grave, imponen estos criterios con planteamientos excluyentes solo comparables a los modos y practicas dictatoriales.

La idea central sobre la que pivota toda esta corriente de opinión, que se autodenomina progresista, es conseguir la igualdad de todos los seres humanos. Una vez más, la vieja idea comunista de la igualdad de todos los ciudadanos, donde cada uno debe contribuir según su capacidad y ser retribuido según sus necesidades. El enfoque del progresismo actual es de un espectro más amplio, abandonando relativamente la pretensión de la igualdad económica, visto el fracaso que cosecharon todos los países donde se implantó el régimen comunista, que solo generó pobreza, falta de libertades individuales y, en definitiva, dictaduras.

La igualdad de derechos de todos los seres humanos hoy en día no es cuestionada por nadie, habiendo sido incorporada al cuerpo legal de los países democráticos hace ya muchas décadas. Tampoco se discute que la sociedad debe facilitar los medios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades a todos sus miembros, mediante una educación accesible a aquellos que quieran aprovecharla de forma eficiente. Igualmente nadie cuestiona una sanidad universal, si bien es discutible la aportación de un precio mínimo por cada acto médico para evitar abusos evidentes, que se producen cuando no se valora aquello que se recibe. Garantizados de forma efectiva estos tres pilares básicos, que son la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, la igualdad de oportunidades a través de una educación universal y gratuita, y la sanidad también universal, a partir de ahí, solo el trabajo y la iniciativa individual deben ser los que marquen las metas que cada uno alcance en la sociedad.

La pretendida igualdad de todos los seres humanos es simplemente imposible, por cuestiones ajenas a la propia voluntad del ser humano, como son la genética, el proceso evolutivo y la diferenciación por sexos. El nuevo comunismo social pretende primar a los más desfavorecidos con la pretensión de que supuestamente alcancen todos las mismas metas mediante la discriminación positiva. El resultado de estas políticas conducirá inevitablemente al mismo fracaso que quedó evidenciado por el comunismo económico. Esta política igualitaria de erradicar la excelencia solo conduce al empobrecimiento social. Solo el estímulo de la ambición individual conduce al progreso y la innovación, recompensando a quien genera riqueza, pero que al mismo tiempo favorece al cuerpo social en su conjunto. Solo el liberalismo ofrece resultados tangibles de progreso social y bienestar.

Lo más llamativo, por no decir escandaloso e hipócrita, es que quienes pregonan este mundo ideal igualitario lo hacen desde posiciones de privilegio social. La mayoría de ellos hacen de esta defensa su modo de vida y razón de ser de su éxito profesional, resultándoles extremadamente rentable hablar de la pobreza en mesa de oro. El comportamiento real de estos ideólogos está lleno de contradicciones, mostrando, sin el menor pudor, su egoísmo acumulando riquezas, y evadiendo el pago de impuestos a través de todo tipo de argucias legales, cuando no claramente fraudulentas.

Los apóstoles de la corrección política muestran actitudes intolerantes que recuerdan pautas claramente dictatoriales. Una vez difundida una determinada línea de pensamiento sobre cualquier aspecto que afecte a las minorías consideradas en desventaja social, cualquier posicionamiento crítico es descalificado como reaccionario. Como consecuencia de esa actitud de pensamiento único, los medios de comunicación y sus profesionales se pliegan a esa corriente, colaborando a su extensión en un fenómeno que se retroalimenta, y donde cada vez es más difícil la discrepancia. Es mucho más cómoda, y rentable profesionalmente, la aceptación del criterio dominante ajustado a la corrección política, que confrontarlo con un análisis crítico.

La izquierda progresista es la que, por ejemplo, determina que no es aceptable abogar por el control de la inmigración ilegal por considerarla una actitud inhumana; o permitir el uso del velo a las mujeres musulmanas en aras a la multiculturalidad, pero aplauden cualquier ofensa a la religión católica tradicional de España; califican como humor el sonarse los mocos en la bandera nacional, amparado todo ello en la libertad de expresión. Por el contrario, si alguien ofende alguno de sus dogmas, entonces reaccionan, incluso con violencia, acusando a quien lo hace de fascista, cavernícola y de sembrar el odio, actitud propia de una dictadura sumamente intolerante que quiere imponer el pensamiento único.

El lenguaje es el elemento externo más evidente que envuelve la ideología de la corrección política, sin cuya existencia quedaría desnudo su mensaje. Los eufemismos se han apoderado del lenguaje de la progresía dominante. Así, los sordos pasar a ser personas con discapacidad auditiva, los negros se llaman afroamericanos o gentes de color, a las azafatas se les llama auxiliares de vuelo, a los ciegos personas con discapacidad visual, e incluso a los discapacitados intelectuales se les llama personas con otras capacidades, a las abortistas se les llama movimientos prolibertad de elegir y las antiabortistas se denominan movimiento provida. La última ocurrencia del gobierno de Aragón es prohibir el uso de la palabra niño en las comunicaciones oficiales, calificada de lenguaje machista, proponiendo en su lugar la palabra “criatura”. Realmente esta alteración del lenguaje parece no tener fin. Todos sabemos que un sordo es una persona que no oye u oye deficientemente, no es necesario que haya que explicar que es una persona con una discapacidad auditiva. Nadie insulta o margina a otro por decir que es sordo. La marginación no está en las palabras sino en las actitudes. Más valdría crear un nuevo lenguaje de laboratorio, un nuevo Esperanto que resolviera estas cuestiones de forma definitiva, en lugar de empobrecer y arruinar el rico idioma de Cervantes, perdiendo el tiempo ridículamente en elucubración bizantinas. Lo realmente peligroso es que detrás del lenguaje vienen las políticas, mayoritariamente intolerantes e injustas, imponiendo normas que se saltan derechos tan sagrados como que todos somos iguales ante la ley.

Este lenguaje de la corrección política va mutando y adaptándose a las modas del momento, buscando términos cada vez más ocurrentes que acaban siendo una especie de jerga para iniciados, por ejemplo ya no es correcto hablar de matrimonio gay, por el que tanto lucharon, ahora lo correcto es decir matrimonio igualitario. Muchos de estos colectivos súper-politizados se ofenden con demasiada facilidad ante cualquier referencia que intuyan que cuestiona su política excluyente y radical, del que es un claro ejemplo el movimiento feminista. Estos movimientos, que pudieron ser justificados en otros tiempos cuando existía una marginación real, hoy no tienen razón de ser. El derecho de igualdad de sexos es universalmente aceptado y defendido por el cuerpo legal de los países democráticos. El radicalismo actual de las feministas las lleva a querer elevar sus peticiones de igualdad, ya conseguidas, a la obtención de privilegios frente a los hombres, que ven como antagónicos, y con los que buscan una abierta confrontación con el claro objetivo del sembrar el odio entre los sexos.

La línea informativa de la mayoría de los medios de comunicación, sesgada y carente de rigor, podría entenderse como coherente con la línea editorial de cada medio. Lo que no es aceptable es el duopolio televisivo español, acompañados de la manipulación política de la televisión pública, donde es vergonzosa la parcialidad en la información. El adoctrinamiento de la audiencia en el pensamiento único se impone, entre otros medios, a través de los programas de debate donde ninguna posición es discordante con la línea impuesta como políticamente correcta. La libertad de expresión está en serio peligro ante el control mayoritario de los medios de comunicación por dos grupos con una ideología similar, que fijan la línea de pensamiento de todo un país. El peligro de la libertad de expresión es real, ya que amparándose en el subjetivo delito de odio, se puede legislar para considerar delito la manifestación pública de ciertas opiniones perfectamente defendibles.

Voy analizar algún ejemplo reciente del tratamiento de noticias que han sido de interés general.

El caso del pequeño Julen

Hemos asistido a la búsqueda desesperada del pequeño Julen, niño de dos años, caído en el agujero de una perforación de un pozo de más de 100 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro. El niño, mientras jugaba, se precipitó en el pozo el 13 de enero de 2019 y su cuerpo sin vida fue encontrado, trece días más tarde, el 26 del mismo mes. Las cámaras de vídeo introducidas en el pozo encontraron una masa compacta de tierra a 73 metros de profundidad, producida por los desprendimientos originados por la propia caída del niño, quedando éste sepultado en el pozo, cubierto por más de 10 metros de tierra muy compacta que fue imposible succionar desde el exterior.

Desde la caída del niño hasta su rescate hemos asistido a una cobertura periodística sin precedentes, con debates televisivos, noticias continuas en todos los telediarios, retrasmisiones en directo ante cualquier novedad, y un empleo de medios técnicos y humanos en el rescate nunca antes visto en un caso similar. Se han empleado máquinas excavadoras de grandes dimensiones para el movimiento de tierras, rebaje del terreno de más de 25 metros, perforación de un pozo paralelo con tuneladoras traspasando grande rocas, y finalmente un túnel horizontal realizado manualmente por mineros para acceder al pozo inicial por donde había caído el niño.

Además de los medios técnicos empleados han intervenido más de 300 medios humanos, contando con ingenieros, protección civil, bomberos, guardia civil, trabajadores especializados, mineros e incluso medios aéreos. El pueblo de Totalán ha colaborado, entre otras cosas, facilitando comida caliente a pie de obra a toda esa gran cantidad de personal implicado en el rescate.

Lo que ha sido una magnífica labor de solidaridad y responsabilidad colectiva, al mismo tiempo invita a una seria reflexión. Durante esos trece días se ha trabajado con la hipótesis de encontrar al niño con vida, alentando la esperanza en todos los múltiples programas, tanto televisivos, como radiofónicos o periodísticos. He seguido el proceso de forma ocasional a través de los telediarios, donde en ningún momento he encontrado opinión alguna que manifestara la más que probable evidencia de que el niño infortunadamente estuviera muerto. Y yo me pregunto si existe alguna probabilidad de supervivencia para un niño que caiga desde una altura de más de 70 metros, que para ilustrarlo más gráficamente equivale a la altura de un edificio de 25 plantas, donde además queda sepultado por la tierra desprendida durante su caída con un espesor de unos 10 metros, y para remate, sin agua durante 13 días.

Lo más probable es que el niño, después de caer desde esa altura, muera de forma instantánea por los traumatismos del impacto contra el fondo. Si no fuera así, cosa muy improbable, al quedar enterrado habría sido aplastado y asfixiado imposibilitando su vida también de inmediato. Si después de las condiciones anteriores y, creyendo en los milagros, todavía siguiera vivo, nadie puede sobrevivir en esas condiciones, y además sin agua, más de 3 días. En conclusión, la probabilidad de supervivencia después del fatal accidente, una vez transcurrida la primera semana era cero.

La reflexión que yo me hago es lo inadecuado del tratamiento informativo y de la dictadura de lo políticamente correcto. No puedo entender el espectáculo mediático montado a costa de una tragedia, convertida en un reality show. La responsabilidad de los medios de comunicación es informar de forma veraz. Lo que se ha desprendido del tratamiento informativo era la confianza de que el niño estuviera vivo, justificando el alargamiento de la noticia para mantener el interés del público y sembrando la esperanza en una audiencia que no sé si calificar de simple, inocente, o con una formación preocupante.

Se han empleado ingentes recursos económicos para el rescate y elevado a la categoría de héroes a los profesionales intervinientes. Diariamente ocurren cientos de accidentes mortales a los que nadie presta la menor atención, excepto el entorno de las víctimas. Cada día hay necesidades de atención a las personas a través de los recursos públicos, donde está en juego la vida de personas, y sin embargo son tratados con indiferencia o parsimonia, porque nadie acelera el paso considerando que está fuera de sus obligaciones tasadas. Es la mediocridad del día a día fuera del foco de la noticia. Considero una hipocresía todo el circo mediático montado en este rescate. No creo que haya que convertir en héroes a los profesionales que han intervenido en una actuación extraordinaria cumpliendo con su deber. Por el contrario sí creo que son héroes anónimos aquellos que cada día cumplen con sus obligaciones salvando las vidas de sus semejantes cumpliendo su deber en el trabajo con diligencia. Esa responsabilidad diaria es la que deberíamos estimular y reconocer y no el espectáculo puntual, casi obsceno de tragedias mediáticas.

La presión los medios de comunicación ante cualquier acontecimiento significativo hace que se cree una corriente de pensamiento considerada políticamente correcta, y nadie se aventure a criticarla en lo más mínimo so pena de ser condenado de inmediato con calificativos de todo tipo, y ninguno positivo. Esta línea de actuación nos conduce a comportamientos propios de los regímenes dictatoriales. Existe una autocensura clamorosa que pone de manifiesto la ausencia de una visión crítica y de información rigurosa de la realidad. No estoy hablando de la polémica por la polémica, sino de tratar las noticias con rigor, objetividad y datos técnicos emitidos por expertos.

El caso de Juana Rivas

Esta mujer secuestra a sus dos hijos, que estaban bajo la custodia de su padre en Italia, y huye a España. Un juzgado español le ordena devolver a sus hijos, pero en lugar de acatar las órdenes de la justicia se fuga nuevamente a un paradero desconocido durante más de un mes. Las organizaciones feministas convocan manifestaciones en varios lugares de España bajo el lema “todas somos Juana”. El movimiento feminista califica los hechos como un atentado contra todas las mujeres, justificando el proceder de Juana por haber sido víctima de unos presuntos malos tratos de su pareja y padre de sus hijos.

Finalmente se ha dictado sentencia condenatoria contra Juana Rivas, condenándola a cinco años de cárcel por la sustracción de los dos menores, seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, una indemnización al padre por daños morales y materiales de 30.000 euros, y el pago de todas las costas del juicio.

Una prueba pericial realizada en Italia por una experta psicóloga sobre Juana, concluye que:
- Es manipuladora de la voluntad de sus hijos.
- Tiene un comportamiento maternal perjudicial para los niños.
- Juana sufre episodios que existen, de acuerdo a la comparación con el resto de involucrados, solo en su mente.
- Juana tiene un funcionamiento mental patológico, asociado con una desorganización del pensamiento.
- La narración de Juana pierde conexiones lógicas y temporales.

En conclusión, la experta concluye que Juana no tiene el equilibrio emocional y psíquico necesario para la custodia responsable de los niños y propone que sea concedida al padre, con un régimen de visitas para la madre.

A pesar de todas estas evidencias, y las sentencias dictadas por los órganos judiciales independientes, tanto en España como en Italia, la corriente de pensamiento único respecto al maltrato a la mujer, pregonado por los movimientos feministas y aceptado por la progresía nacional, hace caso omiso de todas las anteriores evidencias y organiza manifestaciones contra la sentencia considerándola un ataque contra todas las mujeres. Según las feministas, las mujeres siempre tienen la razón, incluso cuando todas las evidencias apunten lo contrario. Todo sea por lo políticamente correcto, siendo machista cualquier otra opinión crítica por muy fundada que esté.

El caso de “la manada” en la presunta violación en los sanfermines de Pamplona.

Otro caso mediático bien conocido por todos fue la presunta violación que supuestamente sufrió una chica por parte de un grupo de cinco hombres en el trascurso de las fiestas de San Fermín. Los acusados, sin duda unos tipos deleznables, fueron condenados de antemano, ya que todo el movimiento feminista se posicionó en defensa de la víctima, incluso sin conocer las pruebas y evidencias judiciales. Para más escarnio se publicaron las fotos de los acusados, se escudriñó en sus vidas privadas y fueron condenados por la opinión pública antes de conocer el veredicto judicial, con el ensañamiento añadido de que uno de los componentes era guardia civil y otro un soldado profesional.

Conocida la sentencia, dictada bajo una presión mediática y social desorbitada, dos de los tres miembros del tribunal condenaron a los acusados por un delito de abusos sexuales a nueve años de prisión y a una indemnización de 50.000 euros. Uno de los magistrados emitió un voto particular discrepante, considerando que la relación fue consentida. Los ataques que sufrió este magistrado, tanto en la prensa como de la opinión pública, sobrepasan todo lo imaginable. Un magistrado justo, que tuvo el valor de discrepar y argumentarlo detalladamente en su voto particular, merecería un reconocimiento y no un reproche como se le ha dado.

De todos es conocida la ola de manifestaciones feministas en toda España, bajo el lema “yo sí te creo”. A una mujer hay que creerla, aunque todas las evidencias apunten lo contrario, ignorando el derecho de presunción de inocencia que rige en nuestro ordenamiento jurídico, y el Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se salta este sagrado principio de equidad, presumiendo que la palabra de la mujer prevalece sobre la del hombre. Supongo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos algo tendrá que decir al respecto.

Los movimientos de protesta y manifestaciones que este caso originó en todo el Estado no tienen precedente. Ha sido adoptado como un caso emblemático de violencia contra la mujer, dejando al margen las razonables dudas que los hechos que constan en la sentencia plantean a todo juicio objetivo. Por otro lado los casos de violación cometidos por extranjeros o musulmanes, claros y sin ninguna sombra de duda acerca de la violencia cometida, se mantienen silenciados clamorosamente, ya que el daño de la víctima está por debajo de otro tabú de lo políticamente correcto, como es el no criminalizar la inmigración ilegal. Creo que queda fuera de toda duda la politización interesada de todo este tipo de movimientos sociales. Una vez más, la corrección política establecida por las feministas hace imposible mantener una postura crítica, so pena de ser tachado de machista, maltratador, o poco menos que de criminal. Estamos ante otro caso de dictadura de la corrección política.

CONCLUSION

La dictadura de lo políticamente correcto establecido por la izquierda mediática, que se autocalifica de progresista ha llegado a límites inaceptables. La falta de rigor informativo y parcialidad en las noticias es clamorosa. La falta de pluralidad en los debates es evidente. Las posiciones dentro de la corrección política establecida por los progresistas rayan con posiciones casi de pensamiento único. Esta postura unánime no sé si viene originada por imposición de los medios, o por falta de valor individual para manifestarse en contra de la corriente general, o por no perder los ingresos que el servilismo comporta, o por ausencia de criterio de los participantes, pero lo cierto es que, en lo esencial, hay temas tabú que nadie contradice. El riesgo más serio es convertir estos excesos en normas legales que impidan de hecho la libertad de expresión, amparándose en un delito subjetivo como puede ser el delito de odio.